Una de las críticas de las organizaciones de campesinos, de los gremios de productores, entidades del Estado, ONG y de los mismos profesionales del sector agropecuario y rural colombiano, es la falta de capacidades de los mismos, para enfrentar, en forma efectiva, las complejas realidades rurales del país, en particular de las zonas afectadas en forma intensa por el conflicto social de los últimos 60 años.
 

Las respuestas a la problemática rural, debe cumplir los retos de mayor productividad y eficiencia, así como la consolidación de tejido social y empresarial, basados en un histórico de tierra, desde la norma y la tenencia de la tierra por parte del campesino y demás productores rurales y el papel de la mujer como eje de construcción del grupo familiar en las zonas rurales.

La formación de los profesionales en el país es deficiente en el campo de la extensión, donde hay programas que no incluyen estas materias en la malla curricular.

Así mismo, muchos profesionales que se desempeñan como extensionistas, no manejan nuevas metodologías y herramientas de las TIC, mientras que los productores rurales y demás pobladores de los territorios, las conocen, en muchos casos, mejor que ellos.

La Ley 1876 de 2017 exige que los nuevos extensionistas deben tener algunas COMPETENCIAS CLAVE, que deben se certificadas en los próximos años, lo que exige actualización y profundización en temas de extensión rural, para que los profesionales tengan una visión más integral e incluyente del desarrollo rural.